Pamplona, 12 de Junio de 2025
El pasado martes día 10 de junio, la Coordinadora de ONGD compareció en la Comisión de Convivencia y Solidaridad del Parlamento de Navarra, para exponer la situación que se está viviendo en EL Salvador y el riesgo existente para los y las defensoras de los Derechos Humanos y las Organizaciones de la Sociedad civil.
En la comparecencia intervino una representante de la Coordinadora de ONGD e Ivania Berenice abogada y defensora de derechos humanos de la UNIDEHC – Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador, actualmente exiliada en Euskadi.
El Salvador ha sido un país prioritario para la cooperación española durante más de 40 años, con un fuerte compromiso del Gobierno de Navarra y entidades locales como el Ayuntamiento de Pamplona y la FNMC. En los últimos cinco años, Navarra ha financiado más de 30 proyectos por un valor de aproximadamente 5 millones de euros, centrados en derechos fundamentales como salud, agua, seguridad alimentaria, derechos de las mujeres, pueblos originarios y justicia.
Actualmente, el país atraviesa una situación crítica en materia de derechos humanos. Desde 2022, bajo el régimen de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele, se han registrado miles de violaciones, incluyendo detenciones arbitrarias y restricciones a la libertad de expresión y asociación. El gobierno ha concentrado el poder, debilitado instituciones independientes y criminalizado a organizaciones sociales, periodistas, abogados y líderes comunitarios.
La reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) agrava este contexto, ya que incluye, entre otras cosas, un impuesto del 30% sobre todas las donaciones, transferencias, importaciones en especie o bienes materiales provenientes del exterior. Así mismo, prohíbe que las entidades registradas puedan participar en actividades políticas sin autorización previa y obliga a que toda persona natural o jurídica que reciba fondos del extranjero debe inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), gestionado por el Ministerio de Gobernación. Ante cualquier incumplimiento las organizaciones deberán hacer frente a responsabilidades penales y administrativas.
Consideramos que La ley representa una amenaza directa a la libertad de expresión, asociación y financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, y podría provocar el cierre de muchas de ellas, especialmente las que trabajan en defensa de los derechos humanos.
En este marco, y ante la gravedad de los hechos que están ocurriendo en El Salvador, desde la Coordinadora de ONGD de Navarra ha solicitado al Parlamento de Navarra una Declaración Institucional donde quede reflejada:
- La denuncia y condena pública de la violación sistemática de DDHH que está ocurriendo en El Salvador, al mismo tiempo que se reconozca y respalde el trabajo de defensa de los Derechos Humanos de las OSC salvadoreñas (Organizaciones de la sociedad civil) bajo un sentido de corresponsabilidad, solidaridad y cooperación internacional, lo cual se ha venido apoyando desde la política de cooperación navarra.
- Que desde el Parlamento de Navarra se inste y apoye a todas las instituciones navarras, principalmente al Gobierno de Navarra, a mantener y fortalecer los recursos y flexibilidad para proyectos de cooperación al desarrollo en El Salvador a través del trabajo con OSC navarras y salvadoreñas.
- Que desde el Parlamento se inste al Gobierno de Navarra a realizar las acciones de incidencia que sean oportunas a través de los canales diplomáticos correspondientes del Estado Español, solicitando que todos los instrumentos de cooperación española, incluida toda la cooperación descentralizada, queden excluidos de la aplicación de la LAEX. Al mismo tiempo que se sume a las convocatorias que se puedan realizar para sumar esfuerzos como cooperación española en El Salvador en un espacio único para la actualización de la situación y posibles acciones de acompañamiento en el marco de la implementación de la LAEX.
Así mismo la Coordinadora de ONGD de Navarra trabaja con Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona y Federación Navarra de Municipios y Concejos para dar a conocer la situación que están viviendo los y las defensoras de derechos humanos y la quiebra que puede suponer el impuesto de un 30% sobre las donaciones.
