- En el Día de las personas cooperantes, La Coordinadora alerta de que el aumento de las restricciones a las ONG y la caída histórica de la financiación están debilitando la capacidad de las organizaciones para defender derechos y acompañar a las comunidades
- El aumento de los riesgos de seguridad también afecta directamente a las personas cooperantes, especialmente a quienes trabajan en contextos de conflicto y emergencias
- Exige medidas concretas que reviertan esta situación en un contexto con enormes necesidades humanitarias y de derechos básicos
La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo alerta del momento crítico que atraviesa la cooperación internacional para el desarrollo. El cierre progresivo del espacio para la participación de la sociedad civil, el avance de políticas y discursos contrarios a la cooperación y la drástica caída de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) —más del 30% entre 2024 y 2025— están agravando esta situación. En un contexto mundial marcado por múltiples crisis, estos factores ponen en riesgo el trabajo y la seguridad de las personas cooperantes y del personal local, así como los derechos de las comunidades con las que trabajan cuyo bienestar y supervivencia dependen, en muchos casos, del apoyo de la cooperación internacional.
Cada vez más Estados están intensificando su ofensiva contra organizaciones de la sociedad civil mediante las llamadas “leyes anti-ONG”. En Latinoamérica, como señala Amnistía Internacional en su Informe “Rompiendo el tejido social”, entre 2024 y 2025, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela aprobaron o reformaron marcos normativos que imponen controles desproporcionados a las organizaciones de la sociedad civil. Estas leyes afectan directamente a su capacidad para apoyar y acompañar a comunidades, defender derechos humanos, operar y acceder a recursos.
Según datos del CIVICUS monitor las regiones con mayores niveles de represión a la sociedad civil son Oriente Próximo y el norte de África. La situación también es especialmente preocupante en África Subsahariana, donde un 80% de la población se encuentra bajo restricciones significativas del espacio cívico.
El retroceso no es ajeno a Europa o Estados Unidos. El Civic Space Report 2026 denuncia que las restricciones a la sociedad civil se están institucionalizando y generalizando en Europa, con acusaciones infundadas contra las ONG en parlamentos nacionales y europeos, la expansión de leyes sobre “agentes extranjeros” y limitaciones al derecho de protesta. Amnistía Internacional también ha alertado del aumento de prácticas autoritarias y de la erosión de los derechos humanos en Estados Unidos…continua
